A LA ESPERA DEL GRAN ACONTECIMIENTO DEL FIN DE ETA, QUE PARECE ESTAR CERCANO, HE EXTRAIDO ESTE RESUMEN HISTÓRICO SOBRE LA BANDA ARMADA. (FUENTE: WIKIPEDIA)

Historia

Durante la dictadura
En 1952 se organiza un grupo de estudio universitario con el nombre Ekin (palabra vasca que significa emprender) en Bilbao. A partir de 1953 y a través del Partido Nacionalista Vasco el grupo toma contacto con las organización juvenil del PNV, Euzko Gaztedi (EGI). Es en 1956 cuando ambas asociaciones se funden. En 1958 se empiezan a vislumbrar tensiones en el interior de la asociación que llevan a la escisión de ambos grupos. EKIN se convierte en ETA el 31 de julio de 1959. Por cuestiones de carácter ideológico se desligarán del PNV ya que ETA era de ideologia marxista-leninista, deseando además una estrategia de «acción directa» y actuar así como un movimiento de resistencia vasco, en una época en que abundaban las luchas de liberación nacional en el tercer mundo, como la descolonización de Argelia. Su ideario, plasmado en su primera asamblea, celebrada en el monasterio benedictino de Belloc (Francia) en mayo de 1962, se basaba en:

El regeneracionismo histórico, considerando la historia vasca como un proceso de construcción nacional.
Lo que define la nacionalidad vasca es el euskera, en vez de la etnia, como lo hacía entonces el PNV.
Se definen como aconfesionales, rechazando la jerarquía de la Iglesia, aunque utilizan su doctrina para la elaboración de su programa social. Esto contrasta con el catolicismo del PNV.
El socialismo.
La independencia de Euskadi, compatible con el federalismo europeo.
Los elementos izquierdistas, que alejan a ETA de la tradición conservadora y católica del PNV, quedan más definidos a partir de la II Asamblea, en la que se constatan afinidades entre el ideario de ETA y el comunismo. Esta asemblea se celebró en Bayona en la primavera de 1963.

En la III Asamblea, que se reunió aproximadamente entre abril y mayo de 1964, se tomó la decisión de que la lucha armada era el mejor modo de conseguir los fines propuestos. La ponencia se publicó más tarde con el título La insurrección en Euskadi. En esta asamblea, además se decidió unánimemente la ruptura con el PNV, cuya labor ETA consideraba «contraria a los intereses de la liberación nacional».

Resulta difícil precisar cuál fue el primer atentado de ETA, ya que la autoría de los primeros que se atribuyen a esta organización no está clara. Hay fuentes que señalan que el primero fue el asesinato de la niña de 22 meses Begoña Urroz Ibarrola el 27 de junio de 1960, a causa de la colocación de una bomba en San Sebastián, y otras que fue un intento fallido de descarrilar un tren de veteranos de guerra en 1961. En todo caso, el primer ataque reivindicado fue la muerte del guardia civil José Pardines Arcay el 7 de junio de 1968. Donde sí parece haber más unanimidad es que fue en 1968 cuando cometieron su primer atentado de gran repercusión: el asesinato de Melitón Manzanas, jefe de la policía secreta de San Sebastián y torturador franquista. En 1970, varios miembros de ETA son juzgados y condenados a muerte en el proceso de Burgos, pero la presión internacional hace que se conmute la pena, que ya había sido aplicada a otros miembros de ETA con anterioridad. El atentado de mayor repercusión durante la dictadura fue en diciembre de 1973, cuando asesinaron al almirante y presidente de gobierno Luis Carrero Blanco en Madrid, como represalia por la ejecución de independentistas vascos, acción que fue aplaudida por muchos exiliados políticos.

A partir de la IV Asamblea aparecen algunas de las líneas de fractura que dividirán a los miembros de la organización y se harán más claras en asambleas sucesivas, dando lugar a varias escisiones. De manera simplificada, por una parte hay una tensión ideológica entre quienes dan preeminencia a los aspectos más nacionales o vasquistas de la actividad de ETA y quienes privilegian la implicación en las luchas obreras que sacuden a toda España en esos años; por otra, se discute sobre los grados de importancia que deben tener en el quehacer de la organización las luchas netamente políticas de un lado y la actividad armada de otro. En la IV Asamblea, que se inició en agosto de 1965 en Guipúzcoa, en la Casa de Ejercicios Espirituales de los jesuitas de Loyola (Azpeitia) y continuó en una cabaña de las campas de Urbía, lugar próximo al Santuario de Nuestra Señora de Aránzazu, al ser sorprendidos algunos delegados del exilio de camino a la primera sede, se marcaron tres tendencias:

Los «culturalistas» o «etnolingüistas», representados por José Luis Álvarez Enparantza, Txillardegi. Son el sector más vasquista.
Los «obreristas», representados por Patxi Iturrioz.
Los «tercermundistas», representados por Zalbide; otro sector nacionalista partidario de establecer un vínculo entre la lucha por la independencia vasca y las luchas de liberación nacional que se estaban dando en varios países del Tercer Mundo frente a las potencias coloniales.
En esta asamblea se aprobó definitivamente el uso de la violencia armada como una de las formas de acción habituales de la organización. También se aprobó el uso de la violencia para adquirir fondos económicos (el primer atraco a mano armada tuvo lugar en Vergara (Guipúzcoa) el 24 de septiembre de 1965).

La V Asamblea da lugar a la primera escisión. Se realizó en dos fases, la primera en diciembre de 1966 en la casa parroquial de Gaztelu (Guipúzcoa). La segunda se celebró en marzo de 1967 en la casa de ejercicios espirituales de la Compañía de Jesús de Guetaria (Guipúzcoa). En la asamblea estallaron las divergencias entre obreristas y los dos sectores nacionalistas formados en la IV Asamblea. Los obreristas, tachados de «españolistas» por su pretensión de priorizar la alianza con grupos de izquierdas de todo el territorio español, se escindieron en una organización que llamaron ETA Berri (Nueva ETA), mientras que los otros dos sectores quedaron encuadrados en la llamada ETA Zaharra (Vieja ETA), que pronto volvería a ser ETA a secas. ETA Berri contribuyó a crear y acabó por disolverse en un partido político de ámbito español llamado Movimiento Comunista (MC). En ETA Zaharra el sector tercermundista arrinconó y apartó del poder al sector culturalista de Txillardegi, que formó un grupo interno llamado Branka. En la V Asamblea se decide también la creación de los cuatro frentes o grupos de trabajo interno que mantendrá la organización a lo largo de los años: político, militar, económico y cultural.

En la VI Asamblea, celebrada en el verano de 1970 en Bayona, resurgen con fuerza las tensiones, esta vez entre militaristas (partidarios de la preeminencia de la actividad terrorista), y un sector llamado otra vez «obrerista», que aboga por la supeditación de la lucha armada a la lucha política realizada en alianza con las organizaciones obreras. Este último sector es mayoritario durante la celebración de la asamblea, y su decisión de poner coto a la actividad armada hace que el sector militarista se niegue a aceptar las resoluciones de la asamblea, creando una escisión que llamarán ETA V Asamblea Askatasuna ala hil (Libertad o muerte) o ETA-V. El sector mayoritario emplea la denominación ETA VI Asamblea Iraultza ala hil (Revolución o muerte) o, abreviadamente, ETA-VI. Sin embargo, ETA-V logra hacerse con el control de la organización, en la que se integra un sector de EGI, las juventudes del PNV, partidario de la lucha armada. ETA-VI, por su parte, se divide en dos grupos, el mayoritario (llamado de los mayos) y el minoritario (minos). El primero aprueba en 1973 integrarse en la Liga Comunista Revolucionaria (LCR, partido de ámbito español que muchos años después se unificará con el MC). El otro sector, el de los minos, se disolverá al integrarse sus miembros en otras organizaciones como la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) y el PCE, o incluso en la propia ETA-V (nuevamente ETA a secas).

La VI Asamblea de 1973 (recordemos que quien se queda con el nombre de ETA no reconoce la anterior VI Asamblea) es la que provoca las últimas y más importantes escisiones hasta la fecha. Se celebra en dos partes, la primera en a localidad vascofrancesa de Hasparren en agosto de 1973, y la segunda tras el atentado de la calle Correo de Madrid. En la primera parte resurgen las tensiones entre militaristas y obreristas, que se plasman en dos sectores enfrentados y con poca comunicación entre ellos. Son los militaristas quienes deciden unilateralmente atentar contra Carrero Blanco en diciembre de 1973, provocando la escisión del sector obrerista, que se constituirá en el Partido Revolucionario de los Trabajadores Vascos (PRTV), abandonando ETA.

Tras el atentado indiscriminado de la calle Correo resurge, durante la celebración de la segunda parte de la asamblea, la antigua discrepancia entre los que abogan por la prioridad absoluta de la actividad terrorista y quienes desean su supeditación a las luchas políticas. Así surgen los «militares» (milis, esencialmente provenientes del Frente Militar) y los «político-militares» (poli-milis, procedentes del Frente Obrero), que se escindirán en dos organizaciones: ETA Militar (ETAm o ETA(m)) y ETA Político-Militar (ETApm o ETA(pm)). Esta última es mayoritaria.

Durante la transición
Cuando se inicia la llamada transición a la democracia española, por tanto, no hay una ETA sino dos. ETApm apoyó la fundación de un partido político que representara el ideario de la organización ante las elecciones generales de 1977, el Euskal Iraultzarako Alderdia (Partido para la Revolución Vasca, EIA). Más tarde ETApm aceptó la amnistía concedida por el gobierno español a todos los presos etarras aunque tuvieran delitos de sangre, abandonando la violencia e integrándose en el partido político Euskadiko Ezkerra («izquierda del País Vasco», que luego se fusionaría con el PSE-PSOE). El abandono de la violencia, decidido en la VII Asamblea de ETA(pm), fue contestado por buena parte de su militancia, que se integró en ETAm (que en adelante, volvió a ser conocida simplemente como ETA), en especial los llamados comandos bereziak (especiales), comandos dedicados a las acciones violentas más importantes. Algunos de los dirigentes de lo que en adelante sería ya la única ETA proceden de ETApm, como Antxon o Pakito, y se debe a personas de esta procedencia también la llamada Alternativa KAS.

ETA, por su parte, consideraba que con el sistema constitucional posterior a 1978 las cosas no habían cambiado sustancialmente en lo que al derecho de autodeterminación se refería, y decidió continuar su actividad terrorista sin cambios, es decir, de acuerdo con la idea que venía defendiendo de preeminencia de la lucha armada sobre la política y de los aspectos nacionalistas sobre los obreristas o revolucionarios. Los atentados aumentaron en número e intensidad. Destacan el primer atentado con coche bomba en Madrid, en septiembre de 1985, con un muerto y 16 heridos; la bomba que mató a 12 guardias civiles e hirió a 50 en julio de 1986; o el atentado de Hipercor, el 19 de junio de 1987, cuando pusieron una bomba en un centro comercial de Barcelona, que causó la muerte de 21 personas e hirió a 45. ETA explicó en un comunicado que había avisado previamente de la colocación de la bomba y que la policía no desalojó el local.

Durante la dictadura franquista, y gran parte de la democracia, ETA disfrutó de la tolerancia del gobierno francés, que permitía a sus integrantes moverse libremente por su territorio, creyendo así contribuir al fin del régimen franquista. Se hablaba entonces del «santuario francés» de ETA. Actualmente, Francia colabora intensamente con las autoridades españolas en la lucha contra ETA.

Durante la democracia
Entre 1986 y 1987 surgieron los Grupos Antiterroristas de Liberación o GAL, organización que cometió varios asesinatos, secuestros y torturas, tanto de miembros de ETA como de civiles. Se llamó a esto la «guerra sucia». Más tarde se detuvo y en 1997 se juzgó y encarceló a personas implicadas en el GAL, entre las que había responsables políticos de alto nivel, entre ellos el propio ministro del interior.

En 1986 se fundó la Coordinadora Gesto por la paz, que comenzó a convocar manifestaciones silenciosas en todos los pueblos al día siguiente de cada muerte causada por la violencia política relativa al País Vasco, ya fuera de ETA o del GAL, en lo que fueron las primeras manifestaciones contra la violencia terrorista. Ese mismo año, ETA asesinó en Ordizia a María Dolores González Katarain, Yoyes, antigua dirigente de la organización, que había decidido dejar la lucha armada y ya se había reinsertado en la sociedad, acusándola de «desertora».

El 12 de enero de 1988 se firmó el pacto de Ajuria-Enea entre todos los partidos vascos, a excepción de Herri Batasuna, con el fin de acabar con la violencia de ETA.

El 28 de enero de 1988 ETA anunció un «alto al fuego» de 60 días, que luego alargó varias veces, y se intentó una negociación entre ETA (representada por Eugenio Etxebeste, «Antxon») y el gobierno español del Partido Socialista Obrero Español, denominada Mesa de Argel, que terminó en mayo sin resultados, terminando el alto al fuego.

Alegando la necesidad de evitar que ETA impida mediante coacción la reinserción de sus presos, anteriormente agrupados en cárceles del País Vasco, el gobierno del PSOE decidió la dispersión de los presos de ETA por las cárceles de todo el país. Esta medida, que busca que los presos etarras no formen un grupo de presión en las cárceles vascas, ha provocado rechazo, especialmente desde sectores nacionalistas, que proclaman su ilegalidad.

En 1992, la cúpula dirigente de ETA al completo es detenida en Bidart (en Labort, Francia), lo que forzó el cambio de dirección. Tras una tregua de dos meses, adoptan postulados más radicales, siendo la principal consecuencia de este cambio de rumbo la supuesta creación de los «comandos Y», formados por jóvenes (generalmente menores de edad) dedicados a la llamada kale borroka («lucha callejera» en vasco), cuyas actividades incluirían la quema de autobuses y mobiliario urbano, y el lanzamiento de cócteles molotov. Su aparición se atribuyó a una hipotética debilidad de ETA, que les obligaría a recurrir a menores para mantener o aumentar su impacto en la sociedad tras importantes detenciones de sus militantes, incluida su cúpula militar. También empezaron a ser amenazados los concejales de partidos políticos no nacionalistas vascos. Sin embargo, dentro del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco se niega la existencia de los Comandos Y, y se afirma que su descripición es una maniobra para imponer una mayor pena de prisión a quien realiza estas acciones. El papel de ETA como organizador de la kale borroka ha sido considerado probado por la Audiencia Nacional; por otro lado, desde distintos sectores políticos de izquierda (principalmente de la izquierda abertzale) se niega este papel.

En 1995, la organización terrorista lanzó una serie de exigencias al gobierno español para parar los asesinatos. La llamada Alternativa Democrática actualizaba y venía a sustituir a la alternativa KAS como propuesta de mínimos para el reconocimiento de Euskal Herria. A partir del reconocimiento por parte del Gobierno Español de la territorialidad vasca, de que la soberanía reside en el pueblo vasco y de que éste tiene el derecho de autodeterminarse, se derivaría el cese total de las actividades armadas de ETA. El gobierno español rechazó las exigencias de ETA, intentó silenciar su difusión y procesó a la mesa nacional de HB por aprovechar los espacios gratuitos de publicidad electoral para difundir las exigencias, añadiendo a su anuncio algunas imágenes extraídas de un vídeo de ETA.

Ese mismo año fracasó un atentado con coche bomba contra el líder de la oposición conservadora José María Aznar, que pronto sería elegido presidente de gobierno, y, según las fuerzas de seguridad, fue abortado el asesinato del rey Juan Carlos I, aunque el acto de mayor impacto social vino al año siguiente. El 10 de julio de 1997 secuestraron al concejal del PP de Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco, amenazando con matarlo si el gobierno español no cedía a sus exigencias. Seis millones de personas se manifestaron, tanto en el País Vasco como en el resto de España, para exigir su liberación. Al cabo de dos días ETA cumplió su amenaza, lo que desencadenó manifestaciones masivas de rechazo al grito de «¡Asesinos!», «Vascos sí, ETA no» y otros. Se denominó a esto entonces el «espíritu de Ermua».

Tras los acuerdos de Viernes Santo en Stormont (acuerdos entre el gobierno del Reino Unido, los republicanos irlandeses y los grupos unionistas británicos del Ulster para abrir un proceso de paz en esa región), en medio de la situación social generada tras el asesinato de Miguel Angel Blanco y el estancamiento de la mesa de Ajuria-Enea, se firmó del pacto de Lizarra/Estella entre partidos, sindicatos y asociaciones vascas con la intención de avanzar hacia una nueva situación política en el país vasco. El partido Popular pidió que se convocase la mesa de Ajuria-Enea, cosa que no hizo el Lehendakari, certificando de hecho su desaparición definitiva. Antes incluso de hacerse público el pacto de Estella el 18 de septiembre de 1998, ETA declaró una tregua o cese unilateral de acciones armadas (concretamente el 16 de septiembre), aunque no se comprometió a detener sus operaciones logísticas. Por ello comentaristas y políticos españoles acusaron a ETA de haber declarado una «tregua trampa», que estarían aprovechado para rearmarse.

Aun así, se inició un proceso de diálogo entre representantes del gobierno español del Partido Popular y de ETA. La tregua terminó cuando la organización reanudó sus asesinatos en el año 2000, acusando al gobierno de «inflexible» y de «no querer dialogar». En el comunicado que declaraba el fin de la tregua citaba como causa el estancamiento del proceso de cambio político que había empezado con el pacto de Lizarra/Estella. Luego la banda perpetraría atentados como el coche bomba del 6 de noviembre de 2001 en Madrid, que hirió a 65 personas, o atentados contra instalaciones deportivas y ciudades turísticas.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 supusieron un duro golpe para ETA, debido al endurecimiento de las medidas antiterroristas (como la congelación de cuentas bancarias), el aumento de la coordinación policial internacional, y el final de la tolerancia que muchos países habían tenido hacia ellos hasta entonces.

En 2002 se ilegalizó a la organización juvenil Haika y se creó una nueva ley de partidos políticos con el objeto de ilegalizar a Herri Batasuna, a quien el gobierno español consideraba «brazo político» de ETA (aunque ya estaba paralizada y bajo investigación por orden judicial del juez Baltasar Garzón antes de la ley).

Cada vez con más frecuencia, las acciones de ETA son frustradas por las fuerzas de seguridad del estado. El día de Nochebuena de 2003 la Policía Nacional detuvo en San Sebastián y Hernani a dos etarras que habían dejado dinamita en un vagón preparado para estallar en la estación de Chamartín de Madrid; y el día 1 de marzo de 2004, la Guardia Civil detuvo en la provincia de Cuenca una furgoneta con 536 kg de explosivos, impidiendo un atentado en la capital. Al parecer estaba planeado en una zona comprendida entre Alcalá de Henares y Madrid, a la luz de un mapa encontrado en el vehículo.

En 2004, decretó una tregua sólo en Cataluña. Esta tregua, según algunos políticos, se debió a un pacto secreto con Josep-Lluís Carod-Rovira, líder de Esquerra Republicana de Catalunya, quien, a pesar de admitir la reunión con ETA, negó haber acordado nada. Esto, en plena campaña electoral, se convirtió en un escándalo, y puso en peligro el reciente gobierno tripartito de Cataluña formado por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) y el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). Ese mismo año, ETA fue acusada en un primer momento de cometer los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que ocasionaron la muerte de 192 personas e hirieron a más de 1400, pero la investigación policial pronto demostró que los autores eran de una red extremista islámica vinculada a Al Qaida.

El 4 de octubre de 2004 la policía francesa lanzó una operación contra el aparato logístico de ETA en la que se realizaron varias detenciones. Entre ellos estaban Mikel Albizu Iriarte, Mikel Antza, y su compañera sentimental, Soledad Iparragirre, Anboto, máximos responsables de la banda, junto con otros dirigentes destacados. Se descubrieron cuatro zulos con una gran cantidad de armamento, muy superior a la que se estimaba en su poder; también se intervino material con información sobre ETA y se requisó la imprenta con la que se editaba el boletín interno, aunque no se localizó ninguna suma importante de dinero. La operación fue calificada como la más importante desde las detenciones en Bidart en 1992. En medios afines a ETA se restó importancia a los hechos, señalando que la dirección de ETA tendría en breve nuevos responsables. España solicitó la extradición de Mikel Antza y Anboto mediante una euroorden.

Después de múltiples intentos de atentados frustrados por la policía y la guardia civil, la banda ETA propuso una tregua poco antes de las elecciones del 17 de Abril de 2005 al Parlamento Vasco. La respuesta del gobierno fue una petición a ETA para que abandonase las armas como condición de cualquier negociación. Entre todas las fuerzas políticas españolas de las Cortes (partidos políticos vascos incluidos) había consenso en que el Estado no haría concesiones de tipo político a la banda terrorista.

El 18 de junio ETA anunció que desde el 1 de ese mes había cesado sus acciones armadas contra los electos de los partidos políticos de España. El día 8 de Julio aclaró que la tregua no afectaba a las autoridades políticas ni al gobierno.

Características
Su emblema consiste en una serpiente envolviendo un hacha, y su lema es bietan jarrai («seguir en las dos», es decir, en la lucha política y en la militar).

Con frecuencia a ETA se la vincula con el llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), formado por distintas organizaciónes independentistas vascas, como los partidos y agrupaciones electorales Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna (ilegalizados en España), el movimiento juvenil Segi (antes Haika, antes Jarrai y Gazteria, también ilegalizados), el sindicato LAB, Gestoras Pro Amnistía (también ilegalizada) y otras, que asumen unos principios comunes, dentro de lo que llaman izquierda abertzale (ezker abertzalea en euskera, que se traduciría como izquierda patriótica o izquierda nacionalista). Sus postulados ideológicos se resumen en la alternativa KAS. Aunque muchos miembros de organizaciones consideradas afines al MLNV no apoyan la lucha armada, la banda terrorista ejerce una influencia central como principal organización y referencia del Movimiento.

Se financia principalmente a través del «impuesto revolucionario», que obligan a pagar a empresarios del País Vasco, bajo amenazas de asesinato, del cobro de rescates por secuestros, y otros. También cometen de vez en cuando robos en almacenes de explosivos.

Se organiza en distintos «comandos», cuyo objetivo es atentar en una zona geográfica determinada, coordinados por una dirección o «cúpula militar». Además, suelen tener redes de refugios o «casas seguras», y zulos («agujero», en vasco), lugares ocultos donde suelen esconder armas y explosivos. Además, varios ex-militantes viven en países latinoamericanos autodenominándose como refugiados políticos. Entre sus miembros se distingue entre los «legales», o miembros no fichados por la policía; los «liberados», o refugiados en Francia; o los «quemados», que son los que están libres tras ser detenidos.

ETA ha matado ya a más de ochocientas personas, y el espectro social de sus víctimas ha ido creciendo con los años hasta abarcar, entre otros, a:

El Presidente del Gobierno de la dictadura de Franco: Luis Carrero Blanco (1973)
Miembros del ejército y de las fuerzas de seguridad de España, ya sean de la Guardia Civil, la Policía Nacional, o de policías autonómicas o locales, como la Ertzaintza o los Mossos d'Esquadra.
Parlamentarios, concejales, y hasta simpatizantes de partidos políticos, ya sean socialistas como Fernando Buesa (muerto el 22 de febrero de 2000 en Vitoria) y Ernest Lluch (Barcelona, 21 de noviembre de 2000, de un tiro en la nuca); conservadores, como Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez; o de otros partidos, como el fuerista navarro Tomás Caballero, asesinado en 1998.
Jueces y abogados.
Empresarios, como Javier Ybarra.
Funcionarios de prisiones y judiciales.
Filósofos e intelectuales.
Profesores universitarios como Francisco Tomás y Valiente, muerto en 1996.
Periodistas, como el asesinado en mayo de 2000 José Luis López de la Calle.
Colectivos sociales y religiosos.
Profesionales que trabajan para el Estado, como el cocinero Ramón Díaz García (asesinado el 26 de enero de 2001, por trabajar en la Comandacia de Marina).
Turistas extranjeros en España.
Las tácticas intimidatorias utilizadas por ETA incluyen:

El atentado, utilizando generalmente el método del coche bomba o el del tiro en la nuca.
La violencia de persecución en forma de amenazas anónimas, carteles y pintadas (que obliga a llevar escoltas a mucha gente, sobre todo en el País Vasco), usada incluso en algunas ocasiones contra políticos del nacionalismo vasco.
El cobro del «impuesto revolucionario».
El secuestro (argumentado con frecuencia como «castigo» por no pagar el «impuesto revolucionario»).
Lleva a cabo gran parte de sus atentados en el País Vasco, aunque frecuentemente su actividad se extiende a otros territorios del estado español. En el pasado ha tenido contactos con grupos como las FARC y, especialmente, el Ejército Republicano Irlandés Provisional (IRA), y sus miembros han recibido entrenamiento en Argelia, Libia, el Líbano y Nicaragua.

Apoyo social
ETA disponía de un considerable apoyo social durante el franquismo, periodo en que asesinó a Luis Carrero Blanco, pero la transición a la democracia y su progresiva radicalización le hicieron ir perdiendo apoyos, lo cual se hizo especialmente patente con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, que generaría un gran rechazo en la sociedad. Su pérdida de simpatizantes fue tan grande que la plataforma Euskal Herritarrok perdió la mitad de sus votantes tras la ruptura de la tregua.

Actualmente, su apoyo social es minoritario. Según el Euskobarómetro (estudio sociológico realizado por la Universidad del País Vasco), más del 64% de los vascos rechaza totalmente a ETA, un 11% comparte sólo sus fines, y menos del 2% apoya su violencia.

Tortura
El debate sobre la tortura en España está profundamente ligado a la historia de ETA. Las torturas que algunos detenidos han sufrido por parte de las fuerzas policiales españolas, fundamentalmente durante la dictadura franquista, han contribuido al deterioro de la imagen de la administración española, a la radicalización de ETA, y a su captación de miembros. Y, a la inversa, la escalada en la adopción por ETA y otros grupos de métodos violentos permite que aún después de la transición, se mantengan medidas como los interrogatorios sin abogado, o la potestad de retener a un detenido durante cinco días sin permitirle contactar con su defensa o su familia.

Precisamente, el primer asesinato planeado por ETA fue contra Melitón Manzanas quien, como jefe de la Brigada Político-Social de San Sebastián, había torturado a numerosos opositores al régimen franquista.

Las prácticas de torturas no cesaron con la Constitución de 1978, y siguen siendo numerosas las denuncias. El gobierno español afirma que las denuncias son falsas y se deben a una consigna de ETA a sus militantes. Los detenidos acusados de pertenecer a ETA alegan en muchos casos haber recibido torturas que no dejarían lesiones duraderas (asfixia, agresiones sexuales, golpes o presión en los genitales, golpes con objetos romos, descargas eléctricas, exposición al frío, amenazas). En ocasiones, los acusados sí presentan marcas de lesiones al acabar la incomunicación, pero la policía alega que se las han infligido los propios detenidos a sí mismos, que son resultado de caídas o de forcejeos en los que los agentes se han limitado a defenderse.

Las asociaciones de la llamada izquierda abertzale suelen ser las más activas en la denuncia de la práctica de torturas contra sus simpatizantes, dando crédito a todas las denuncias. Otras entidades, como la Organización de las Naciones Unidas (que envió a su relator Theo van Boven), Amnistía Internacional o la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria, mantienen sus reservas sobre la mayoría de las denuncias, pero sí recomiendan casos en la legislación para prevenir los tratos inhumanos a los detenidos.